El Ministerio de Sanidad permitirá que una persona con discapacidad que es valorada como no apta en el examen físico del MIR pueda solicitar el cambio de especialidad en un plazo máximo de seis meses. Es un pequeño paso, pero supone una gran diferencia para alguien como Arturo Pedrero, médico de 26 años con una discapacidad motora de nacimiento en el brazo derecho. Tras más de ocho años de estudio, este joven de La Laguna (Tenerife) dio por cumplido su sueño de infancia al superar el examen para obtener una plaza como Médico Interno Residente (MIR). Escogió la especialidad de medicina de familia y empezó a trabajar en un centro de salud. Pasados seis meses, su contrato quedó sin efecto porque un examen médico le declaró no apto. ¿Por qué, teniendo su discapacidad reconocida oficialmente con anterioridad, el sistema no le avisó de que el esfuerzo iba a ser en vano?, se pregunta ahora.
Según la normativa vigente hasta ahora, el procedimiento es ese: alguien en el caso de Pedrero tenía que volver a presentarse al MIR y volver a arriesgarse a elegir una plaza para la que, meses después, pueda ser declarado no apto de nuevo. “Que me digan cómo puedo ejercer de médico, en qué especialidad”, reclama él. El Gobierno de Canarias, convencido de que su caso ha evidenciado “una falla del sistema”, pidió cambios al Ministerio de Sanidad. En concreto, solicitó que los aprobados por el turno de discapacidad se sometan al examen médico antes de elegir plaza. El ministerio no lo ha aceptado, pero sí ha incluido en un real decreto recién aprobado la posibilidad de que, si una persona con discapacidad es valorada como no apta, pueda solicitar el cambio de especialidad. Obviamente, sin tener que volver a pasar el durísimo examen MIR. El cambio llega tarde para Pedrero, que está estudiando de nuevo la oposición.
“Lo ideal sería homogeneizar los certificados médicos que se le hacen al residente, de manera que este sepa a qué plazas puede optar con su discapacidad”, opina Oscar Gorría, representante de médicos en formación de la Organización Médica Colegial (OMC). “Antes de escoger plaza, una persona con una discapacidad reconocida tendría que saber qué especialidad puede hacer para evitar casos como el de Arturo Pedrero”, añade.
“Ser médico es lo que más me gusta en la vida, mi vocación, y concretamente la medicina de familia porque me agrada tener un seguimiento del paciente y no un contacto puntual”, explicaba Pedrero en abril pasado mientras se calaba su bata blanca frente al que, hasta hace unos pocos meses, había sido su lugar de trabajo, el centro de salud de Tacoronte. La alegría inicial de este médico se vio truncada solo unos meses después de firmar su contrato y empezar la residencia en mayo de 2012. Un informe realizado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Canarias (HUC) constataba la “incapacidad física para el desempeño de las funciones propias de la especialidad”. Para entonces, Arturo ya pasaba consultas en el centro de salud, los pacientes empezaban a conocerle y, asegura, su tutor estaba muy satisfecho con su trabajo.
El 24 de octubre el Servicio Canario de Salud le hace llegar un escrito: al acabar esa jornada “queda extinguido su contrato laboral”. El Ministerio de Sanidad había dejado sin efecto la adjudicación de su plaza MIR, una oposición con la que se obtiene un puesto durante cuatro o cinco años, según la especialidad, para acabar la formación sanitaria.
“Me llamaron para someterme al reconocimiento médico que se realiza a todos los residentes y no me valoraron la discapacidad porque no se considera una dificultad a la hora de ejercer. Sin embargo, una semana después me reuní con el jefe de Servicio de Prevención de Riesgos laborales y un médico de la Inspección en donde me confeccionaron un informe sobre las incompatibilidades como médico de familia y me comunicaron que no podía seguir ejerciendo, pero sin ninguna explicación”, explica Pedrero. Cuando el Ministerio de Sanidad le quitó la plaza, el médico presentó un recurso administrativo, que fue rechazado, por lo que ahora ha tenido que llevar su caso a la justicia.
“Respondí a las solicitudes con numerosos informes, incluido uno de un comité docente y el de un médico forense en donde se especifica que estoy capacitado para poder ejercer y que lo demostré durante seis meses, pero el ministerio desestimó los informes y me echaron a la calle”, se lamenta. Su discapacidad está reconocida; no se trata de un problema de salud sobrevenido. “Nunca oculté mi discapacidad, porque no puedo ocultarla, es mi brazo. Intento buscar explicaciones y no sé qué hay detrás de todo esto. En esta situación todo el mundo se lava las manos, las Administraciones no me dan una solución”, explicaba Pedrero en abril mientras saludaba a los que fueron sus pacientes. Sanidad asegura que es su deber “garantizar el derecho colectivo de los pacientes a ser atendidos por profesionales sanitarios con las competencias necesarias y sin riesgo para su salud”.
La resolución del Ministerio de Sanidad señala que Pedrero no puede cumplir con el 5% de las competencias del programa de formación de un MIR de familia. El Servicio de Prevención señala “la incapacidad física” para realizar funciones “que requieran el uso de ambas extremidades superiores a la vez” y precisa: urgencias y emergencias vitales, cirugía menor, colocación de vendajes, inmovilizaciones con yesos… Algunas de esas actividades las realizaba con ayuda de otro sanitario, algo habitual en un centro de salud en el que el médico no trabaja solo.
Lo que Arturo no entiende es cómo, si su discapacidad era de sobra conocida, se le retiró la plaza una vez obtenida y cuando llevaba seis meses ejerciendo. El Ministerio de Sanidad responde que “los meses que puedan transcurrir hasta la resolución definitiva del procedimiento no deben entenderse —en ninguno de los excepcionales casos que ocurren cada año— como tiempo de trabajo efectivo, sino como periodo de tramitación y alegaciones de las partes, solicitud de nuevos informes, recursos, etcétera”. La normativa actual establece que “la valoración de la aptitud física, psíquica o sensorial de cada aspirante se hace cuando ha elegido una especialidad concreta”, precisa por correo electrónico el Ministerio. Es decir, que si Arturo intentara volver a presentarse el MIR, aprobara y escogiera plaza en otra especialidad, le podría volver a suceder lo mismo.
Además de la vía judicial, Pedrero inició una petición en change.org y ya tiene más de 135.000 firmas que le apoyan. También lo hace el Sindicato Médico de Santa Cruz de Tenerife cuyo portavoz, Levy Cabrera, advierte que se trata de una situación injusta debido a la falta de previsión por parte del ministerio: “El problema es que no se ha asesorado debidamente a este médico que presenta una discapacidad”.
“Uno o dos” casos al año
¿Cómo de habitual es que un médico que obtiene una plaza MIR sea obligado a abandonarla por no superar el examen físico? Según el MInisterio de Sanidad, muy poco, pero sucede. Entre las 7.500 plazas anuales de formación sanitaria especializada, en los últimos 10 años, “la media es de uno o dos casos cada año”.
Sin embargo, el caso del MIR canario es muy particular. No se trata de un problema sobrevenido, desconocido por el aspirante al elegir plaza, ni siquiera de uno preexistente que no se hubiera manifestado. Su discapacidad está reconocida oficialmente. El ministerio afirma desconocer cuántos de esos uno o dos casos al año se deben a problemas de salud previos o sobrevenidos. “El ministerio no tiene por qué saber si la persona tiene una discapacidad o no”, señala. Hasta la convocatoria 2012/2013 no hubo reserva de plazas para personas con discapacidad.
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