El Ministerio de Sanidad cifra en 237.590,64 euros el coste adicional que supondría para los Presupuestos Generales del Estado la implantación del modelo de formación troncal durante los tres primeros años, y en 68.458,32 a partir del tercer año de vida del nuevo posgrado, según la memoria de impacto presupuestario que acompaña al último borrador del proyecto de real decreto, que el ministerio ya ha sometido al preceptivo trámite de audiencia. El departamento de Ordenación Profesional, que dirige Javier Castrodeza- responsable de un texto que tiene visos de ser definitivo-, sólo computa como gasto adicional las dietas (manutención, alojamiento y locomoción) que recibirían los vocales de las nuevas comisiones nacionales que crea la norma por asistir a las reuniones periódicas de esos órganos.
Aunque el proyecto prevé crear tres nuevas especialidades médicas (Psiquiatría del Niño y del Adolescente,Genética Clínica y Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica), a efectos de nuevos gastos, Sanidad sólo computa una, argumentando que la última es el resultado de la fusión de Análisis Clínicos y Bioquímica, que tenían sus propias comisiones, y que el coste de una de las suprimidas se puede asignar a otra de las nuevas. A eso habría que sumar el gasto de los vocales de las 5 nuevas comisiones docentes de tronco (médico, quirúrgico, laboratorio y diagnóstico, imagen clínica y psiquiatría) y de las 4 comisiones de áreas de capacitación específicas (ACE) que inicialmente contempla el proyecto (Infecciosas, Hepatología, Neonatología y Urgencias y Emergencias). Los tres primeros años, los vocales se reunirían 8 veces al año, y limitarían a 2 sus reuniones anuales a partir de entonces. De ahí la diferencia de costes previstos.
Y el gasto sólo sería imputable al Gobierno central, porque Sanidad estima que, al margen de esa cantidad, el nuevo modelo sólo implicará «cambios organizativos», y que las comunidades «pueden usar los dispositivos y estructuras ya existentes» y, por tanto, poner en marcha la troncalidad «sin un aumento significativo de gasto, salvo que así lo decidan según sus disponibilidades presupuestarias y criterios de gestión».
El documento no dice ni una palabra del modelo de evaluación por competencias que reclaman insistentemente los tutores y jefes de estudio (ver primer plano), de la modernización de las estructuras docentes, del incremento de tutores que la Asociación de Redes Docentes (Areda) considera imprescindible con la puesta en marcha de 5 nuevos troncos y 4 ACE, de la necesidad de más auditores docentes, ni del incremento de los años de formación específica que han pedido todas las especialidades del tronco quirúrgico y buena parte de las del médico, y que aumentarían significativamente la factura final. En este punto, sólo dice que el ministerio se pronunciará cuando las comisiones delegadas de tronco presenten las propuestas de los distintos programas (tienen 2 años para hacerlo). Lo que sí deja entrever el proyecto es que el tutor, que, además de serlo de sus respectivas especialidades, también lo será de un tronco, trabajará más por el mismo escaso reconocimiento, porque su «dedicación e incentivación no tendrá necesariamente implicaciones económicas».
Convocatorias mir
Puestos a ahorrar, el proyecto dice que en futuras convocatorias no tiene por qué haber más plazas MIR, pese a las 3 nuevas especialidades y 4 ACE (que también se cursarán por el sistema de residencia), ya que «se trata de reorganizar y estructurar la oferta, posibilitando la reducción de algunas plazas para aumentar, en su caso, las de las nuevas».
La propuesta ministerial confirma los peores temores de Areda, que ya con el anterior borrador denunció la pobre inversión prevista, y, según su presidente, Federico Segura, «hace inviable el modelo, casi lo aboca al fracaso». Por poner un ejemplo del desfase entre las expectativas de los tutores y la parquedad oficial, el desarrollo inicial de un modelo de evaluación por competencias similar al que se propone desde Areda le ha costado ya a Holanda 760 millones de euros.
Otro ejemplo. El borrador prevé que la evaluación al final del tronco se convierta con el tiempo en una ECOE. Aunque el coste de este tipo de pruebas es muy variable, sirva como referencia que la última de Familia (para 3.266 aspirantes) costó unos 600.000 euros, casi el triple de lo que Sanidad considera suficiente para poner en marcha un nuevo modelo de posgrado con garantías.
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