La Izquierda Plural ha denunciado que hay hospitales que están poniendo el rótulo de universitario sin que reúnan los requisitos exigibles por ley, y ha criticado que no exista un organismo que acredite que un centro sanitario reúne las consideraciones para ser denominado Hospital Universitario.
Los diputados de esta formación Gaspar Llamazares y José Luis Centella han presentado en el Congreso una Proposición no de ley para instar al Gobierno a que «defina los requisitos exigibles y el organismo supervisor de la denominación de Hospital Universitario, que garanticen la calidad formativa de los licenciados».
En su iniciativa también han pedido que se establezca, de común acuerdo con las comunidades autónomas, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) y la Conferencia de Rectores, una «moratoria» en la creación de nuevas facultades de Medicina y que se paralicen las siete nuevas ya previstas.
Se trata de dos privadas en Alicante -Mare Nostrum y Universidad Católica de Alicante-, una concertada en Vic y otras públicas en Baleares, Jaén, Almería y Huelva.
La Izquierda Plural ha abogado por adecuar el número de plazas de formación médica garantizando el principio de igualdad en el acceso a la Universidad y que se ponga en marcha «una ordenada planificación» de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud de acuerdo al registro de profesionales y las necesidades de la población.
En su Proposición no de ley, este grupo parlamentario ha recordado que el Foro de la Profesión Médica, que agrupa a las principales asociaciones del sector, ha publicado recientemente un manifiesto en el que reclaman «poner freno a la apertura de nuevas facultades y adecuar el númerus clausus a las necesidades reales de las plazas MIR».
En los últimos ocho años se han abierto doce facultades de Medicina, pasando de 28 a 40 y, si en 2005 se matriculaban en esta carrera 4.350 alumnos, en el pasado ejercicio llegaron hasta 7.000.
«Actualmente, el sistema no puede absorber tal cantidad de graduados» -han destacado- y tras seis años de estudios los médicos no pueden ejercer en la sanidad pública sin antes realizar su especialización, lo que ha provocado que más de 4.200 médicos en España son demandantes de empleo y se han disparado las peticiones de la certificación necesaria para trabajar en el extranjero.
La Izquierda Plural también ha llamado la atención sobre que, a su juicio, hay un aumento en la proporción de plazas de universidades privadas respecto a públicas que obedece «a una lógica de beneficio económico de los centros privados a costa de la correcta planificación sanitaria que de la formación de profesionales y las necesidades del sistema debe realizar el Estado».
«La proliferación de facultades ha generado el uso de instalaciones públicas (hospitales) para un uso particular», ha añadido este grupo
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